Pena de muerte un recurso fallido que no repara a la sociedad

Inyección letal en un sistema corrupto

Por: Cristina Vargas V.

El reciente caso de Christa Pike ocurrido en el estado de Tennessee, Estados Unidos ha sido la muestra más reciente del fallido sistema, el gobernador tuvo que posponer la bitácora de ejecuciones próximas en su estado después de que Pike conocida por asesinar cruelmente a una compañera de escuela en 1995, sobrevivió a la doble dosis de pentobarbital administrado que medicamente no fue efectivo, se sabe que el fármaco se habría dirigido a los tejidos de su cuerpo y no a la sangre despues de ser administrado vía intravenosa. Además de la renuncia de Frank Strada, comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee (jefe de penitenciarías).

La pena máxima o pena de muerte como recurso que sostiene a decenas de reos a la espera de una resolución por apelaciones para una nueva sentencia se agrega a las muchas manifestaciones sociales que le piden al gobierno la abolición de este recurso por demás arcaico.

Políticas narcisitas, exhibicionistas y el retroceso del poderoso Estados Unidos.

El adoctrinamiento de un presidente con ínfulas de rey hacia sus súbditos es lo que se podrá ver a principios de diciembre, proyectando un fusilamiento en televisión al estilo de los patíbulos de Tyburn, en el Londres del siglo XVIII, donde la horca era feria, la multitud pagaba por un buen sitio y el verdugo cumplía delante de todos para que el miedo hiciera de ley.

El 3 de diciembre de 2026, a la una de la tarde, el Pentágono planea transmitir en vivo el fusilamiento de Nidal Hasan, el exmayor del Ejército que en 2009 mató a trece personas en Fort Hood, Texas. Pete Hegseth, secretario de Defensa, lo pidió y Donald Trump lo aprobó: soldados con rifles, en la misma base y a la misma hora del ataque, con la cámara abierta.

¡Hegseth se está luciendo! Según él: La gente tiene que entender que hay consecuencias. Sería la primera ejecución por fusilamiento del Ejército de Estados Unidos desde 1945 y, si la señal sale al aire, la primera ejecución pública retransmitida en el país en casi un siglo. Trump habló de justicia final. Sobre el livestream no ha dicho nada. La ONU advirtió que transmitirlo equivaldría a una ejecución pública. Senadores republicanos lo llamaron impropio de una democracia. El condenado no es un delincuente común: es un sentenciado militar por un tiroteo masivo. Lo que está en disputa no es solo el castigo. Es el espectáculo. (Rídículo)

En Carolina del Norte, fue declarada por el gobernador Josh Stein la «Ley Iryna» que contempla la pena de muerte después del asesinato de una mujer de orígen ucraniano llamada Iryna Zarutska de 23 años que junto con su familia había buscado una vida digna en el país de las oportunidades huyendo de la guerra en su país. Iryna fue asesinada por un desconocido indigente (homeless) liberado por una magistrada corrupta sin estudios de nombre Teresa Stokes que con solo una carta compromiso «de portarse bien» liberó a un hombre con padecimientos mentales severos, sin siquiera solicitar fianza ni someterlo o sugerir atención médica a las enfermedades que padece DeCarlos Brown Jr. que no dudó ni nu segundo en picar con un arma blanca a Iryna mientras viajaba de trayecto a casa en el tren de la línea azul de Charlotte, Carolina del Norte. DeCarlos Brown Jr., permanece en el corredor de la muerte.

El último condenado a pena de muerte en Carolina del Norte hace más de 20 años

Samuel Flippen en 2006 un hombre acusado de asesinar a su hijastra Britney Nichole de dos años fue condenado a la máxima pena cuando incluso el padre biológico de la pequeña se habría opuesto a la ejecución, sin embargo la corte condenó a Flippen en base a las pruebas circunstanciales, fue un caso mediático por el que se suscitaron dudas sobre su condena y posible inocencia. 

Los hechos sucedieron en febrero de 1994 cuando la mamá de Britney, Tina Gibson salió de casa camino al trabajo y dejó a su hija en manos de su esposo Samuel Flippen, una hora después de trasladarse hasta el condado de Forsyth, Flippen llamó al 911 para informar que la pequeña se había caído de la silla y tenía dificultad para respirar, el personal médico que acudió al lugar encontró a Britney pálida y con dificultad para respirar, media hora más tarde la pequeña de dos años murió en el Hospital Bautista de Carolina del Norte. 

La polémica por este accidente se fundamentó en que Flippen afirmó que la mañana del fallecimiento de Britney él la había dejado sentada en una trona (periquera) y el se habría movido a otra habitación, declaró haber escuchado un ruido fuerte y al regresar descubrió que la niña se había caído de la silla y mostraba dificultad para respirar, por lo que llamó al 911 para pedir ayuda, sin embargo durante la autopsia realizada a la menor, un patólogo forense observó que la niña mostraba lesiones en la cabeza, cuello, pecho, abdomen y espalda, declaró que Britney había fallecido debido a una hemorragia interna causada por un grave desgarro del hígado y páncreas, en su dictámen concluye que las lesiones no pudieron ser por causa de una caída sino por puñetazos o golpes en el abdomen. 

Flippen fue acusado de matar a golpes a la pequeña Britney Hutton porque no paraba de llorar, el estado le ofreció a Flippen declararse culpable del cargo de asesinato en segundo grado pero no aceptó y eso lo conllevó a ser candidato a la pena capital. 

El 7 de marzo de 1995, fue declarado culpable del asesinato de Hutton y condenado a muerte.

En 2006 el caso dejó un prescedente debido al protocolo de las ejecuciones, el mismo año, un juez federal suspendió las ejecuciones en Carolina del Norte al determinar que los fármacos mezclados utilizados en la inyección letal causaban dolor innecesario violando la octava enmienda que detalla la «prohibición de castigos crueles».

La pena de muerte por protección social

La pena de muerte podría ser un gran acierto en términos de crímenes atroces que la ameritan cuando se referere a la protección dentro del entorno del delincuente con la lógica de proteger a las personas que lo rodean dentro y fuera de prisión. Sin embargo, esto se relaciona con las medidas de los sistemas judiciales que en muchos países son falibles. 

En Estados Unidos más de 190 personas han sido exoneradas de pena de muerte desde 1973 tras ser condenadas erróneamente. 

La pena máxima o pena capital es un tema complejo y polarizante que depende de los valores, la cultura y el sistema judicial de un país, es la pena máxima, resultado de una sociedad flagrante y un control insuficiente de recursos preventivos, debió ser abolida y gestionar las condenas con recursos a través de una mejor civilización.

El fármaco «veneno letal»

Las empresas farmacéuticas especialmente las europeas dejaron de suministrar fármacos como el pentobarbital o tiopental sódico debido a manifestaciones, derechos humanos, presiones éticas y boicots de activistas contra la pena de muerte de manera que estados donde se puede ejecutar la pena capital no cuentan con alternativas viables para nuevos protocolos a favor de otorgar la pena máxima, además de las múltiples apelaciones presentadas por reclusos basadas principalmente en la “Ley de Justicia Racial” lo que se deduce como que muchos de los reos que se encuentran en el corredor de la muerte enfrentándose a largos procesos judiciales y complejos, este puede ser el caso del asesino de Iryna Zarutska junto con otros 137 presos que se encuentran en dicho corredor al menos en el estado de Carolina del Norte.

La pena de muerte es un recurso arcaico. La Ley del talión o el ojo por ojo

La pena de muerte ha sido abolida en la Unión Europea, Canadá y la mayoría de América Latina mientras que en países como Estados Unidos, Arabia Saudita, China e Irán mantienen en su leyes la pena máxima. 

Se remonta a tiempos ancestrales para las primeras civilizaciones humanas:

• En Babilonia 1750 A.C. se establecía la pena de muerte por robo, asesinato o traición bajo el principio de «ojo por ojo»
• En el Antiguo Egipto 3100-332 A.C. se ejecutaba a la gente por crímenes contra el faraón o sacrilegio
• En la Antigua Grecia siglos V-IV A.C. la pena de muerte se usaba para delitos como el caso de Sócrates 399 a.C. ejecutado por envenenamiento por corromper a la juventud.
• En Roma mediante la crucifixión, de decapitación y otros métodos eran comunes para los traidores, esclavos rebeldes o criminales como sucedió con Espartaco.
  

Data de tiempos ancestrales incluso mencionada en el «Antiguo Testamento»

En la Biblia (Antiguo Testamento), textos como el Levítico (cerca 1440 A.C.) prescribían la muerte para delitos como homicidio o blasfemia.

El Racismo sin leyes 

En Estados Unidos las leyes que contemplan la pena de muerte podrían contemplar medidas mas severas contra el racismo a través de las que ya existen sobre la discriminación, en cambio, contempla medidas drásticas en reincidentes y fianzas más costosas, además la pena máxima como recurso al peor castigo. Es claro que el racismo promovido en el gobierno actual cobró fuerza:

El asesino de Iryna mencionó “tengo a la blanca”. 

Elon Musk quien ha abordado el tema en varias ocasiones y ha  realizado varios comentarios en su perfil entre estos, ha compartido las estadísticas de ataques mortales entre negros a blancos y viceversa, esto incluso ocasionó que saliera a la luz el mediático ataque en el que perdió la vida George Floyd,  un hombre negro víctima del sometimiento de un oficial quien ejecutó presión sobre el cuello de Floyd por más de nueve minutos hasta asfixiarlo, este acontecimiento tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo de 2020. 

Dentro de las estadísticas que compartió Elon Musk se describe que los blancos son víctimas de violencia negra en tasas increíblemente desproporcionadas:

Homicidios según el FBI (2019) negro a blanco 566,  blanco a negro  246, según TLDR, una persona blanca tiene 31 veces más probabilidades de ser víctima de una persona negra según las estadísticas del hombre más rico del mundo.

El método sádico de países que eliminan a sus delincuentes

“Sádico” es un juicio de valor. No hay un ranking oficial. Lo que sí se puede decir, con datos, es qué países combinan volumen alto de ejecuciones, métodos que alargan el sufrimiento, ejecuciones públicas y ausencia casi total de garantías.

En 2025, Amnistía Internacional registró al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, un aumento del 78 % respecto a 2024 y la cifra más alta desde 1981. Ese total no incluye a China, donde las ejecuciones se cuentan por miles y son secreto de Estado, ni las cifras no verificables de Corea del Norte y Vietnam. Casi el 80 % de las ejecuciones registradas ocurrió en un solo país: Irán, con al menos 2.159. Le siguieron Arabia Saudí (al menos 356), Yemen (al menos 51) y Estados Unidos (47).

El caso que más se cita cuando se habla de crueldad deliberada es Irán. El método habitual es el ahorcamiento de caída corta: no hay un desnivel calculado para romper el cuello al instante. La persona queda suspendida y la muerte llega por estrangulación, un proceso que puede durar varios minutos. En 2025 se documentaron al menos 11 ejecuciones públicas en Irán. Grúas, plazas y, en algunos casos, la presencia de la familia forman parte del espectáculo. También se ejecutó al menos a una persona por un delito cometido cuando era menor de 18 años. Casi la mitad de las ejecuciones registradas en el mundo ese año fueron por delitos de drogas; en Irán, 998. La lapidación sigue en el código penal para ciertos delitos, aunque en la práctica reciente el método dominante es la horca.

Arabia Saudí es el único país que aplica de forma sistemática la decapitación con espada. El condenado es llevado a una plaza, a menudo en viernes, y un verdugo corta la cabeza de un tajo. En 2025 se registraron al menos 356 ejecuciones, la cifra más alta documentada, muchas por tráfico de drogas, y al menos dos personas ejecutadas por hechos ocurridos cuando eran menores. El proceso es opaco: no hay defensa independiente real ni aviso previo fiable a la familia.

En Afganistán, bajo el gobierno talibán, las ejecuciones volvieron a ser públicas. En 2025 Amnistía documentó al menos seis. El método suele ser el disparo, ante multitudes, en estadios o plazas. La lapidación permanece en la ley para algunos delitos. El objetivo declarado no es solo castigar: es aleccionar.

Corea del Norte opera en la oscuridad casi total. Los testimonios de desertores y los informes de la ONU describen fusilamientos públicos, a veces con armas antiaéreas en casos políticos, y horcas. No hay cifras verificables. Lo que sí se repite en los relatos es que la ejecución es un acto de teatro del Estado: la familia y los vecinos son obligados a mirar.

China ejecuta más que cualquier otro país, pero esconde el número. Los métodos legales son el disparo y la inyección letal. Parte de las ejecuciones ocurre en furgones móviles. Lo que agrava el cuadro no es solo el método, sino la escala, el secreto y el uso de la pena por delitos no violentos, incluidos algunos económicos y de drogas.

En el otro extremo del espectro tecnológico está Estados Unidos, el único país de América que sigue ejecutando. En 2025 hubo 47 ejecuciones, la cifra más alta en más de una década. El método dominante es la inyección letal. Desde 2024 algunos estados usan asfixia con gas nitrógeno: la persona respira nitrógeno puro y muere por falta de oxígeno. Los primeros casos documentados mostraron convulsiones y agonía de varios minutos. No es el método más antiguo, pero sí uno de los más discutidos por el sufrimiento visible.

Yemen, Somalia y partes de Sudán combinan fusilamiento, horca y, en la ley, lapidación. En contextos de guerra y colapso institucional, la diferencia entre ejecución judicial y ajusticiamiento se vuelve borrosa.

El patrón común de los casos que más se denuncian no es un solo instrumento. Es la suma de cuatro cosas: un método que no garantiza la inconsciencia inmediata, la publicidad o el secreto extremo, la aplicación a menores o a delitos de drogas, y la ausencia de un juicio que merezca ese nombre. Amnistía y relatores de la ONU sostienen que todos los métodos son crueles por definición; la diferencia está en cuánto se alarga el dolor y cuánto se convierte la muerte en mensaje político.